Saltan las primeras chispas | ideal

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La reconexión a la vida cotidiana tras el gran apagón culminó ayer en España sin aparentes sobresaltos, pero con la incómoda sensación de no saber ... aún con certeza por dónde había llegado


el golpe. Un colapso sin precedentes que ha puesto de manifiesto las profundas debilidades de un servicio tan básico como la electricidad, una vulnerabilidad impropia de la cuarta economía


de la Unión Europea. Y que ha servido, de nuevo, para constatar la incapacidad de los principales organismos implicados en la gestión de la seguridad nacional y la energía en llegar a un


diagnóstico compartido, a pesar de que este «excepcional» incidente ha hecho temblar al conjunto de la sociedad. Es cierto que el país ha superado una «durísima» prueba, como subrayó Pedro


Sánchez, gracias al comportamiento ejemplar de la población ante otra crisis y a la eficacia de los equipos técnicos en restablecer el suministro después de una caída tan brusca del pulso


eléctrico. Pero resulta poco alentador la falta de una respuesta común en un fenómeno que sembró el caos, y más con el recuerdo tan próximo de la catástrofe en Valencia. Las discrepancias


sobre las causas del histórico apagón ofrecidas ayer por el Gobierno, Red Eléctrica, la Audiencia Nacional y la propia Comisión Europea sólo sirven para agravar la confusión a la espera de


los motivos oficiales de un desastre que ha dejado al menos cinco muertos, mientras se investiga el fallecimiento de una mujer que necesitaba oxígeno en una residencia de Basauri. Si, como


todo apunta, el ciberataque pierde fuelle, urge ponerse las pilas para prevenir y mejorar una gestión de la energía mucho más compleja de lo que cabía imaginar. Y mucho más frágil a un


eventual desequilibrio, en plena ola de energías renovables frente a la progresiva desconexión de las centrales nucleares a la red. El escollo en la búsqueda de soluciones es que el apagón


acabe en bronca. El presidente elevó ayer la tensión al exigir responsabilidades a los operadores privados, incluida Redeia, propietaria de Red Electrica y participada en un 20% por el


Estado. La respuesta de Iberdrola, dispuesta a «defender sus derechos», amenaza con un nuevo encontronazo después del impuesto a las energéticas y la desconexión nuclear. Sánchez vino a


insistir en desenchufar las centrales como está previsto frente al criterio del PP. Si todas las partes están comprometidas como dicen con la transición energética, no parece lo más


apropiado para el consenso que salten las primeras chispas.