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La dirección del PSOE decidió este miércoles ceder a las presiones internas y externas y abrir, tras tres días de tensión, un expediente informativo sin ... medidas cautelares a Leire Díez,
la exalto cargo del partido que, según varias informaciones, maniobró con varios imputados en casos de corrupción para desacreditar a la unidad de la Guardia Civil responsable investigar las
causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Pero su posición de partida no ha variado. Insiste en que está siendo víctima de una «cacería» orquestada por la derecha para derribar al
Gobierno y se resiste a ir más lejos. Apenas unas horas después de que Yolanda Díaz, máxima exponente de Sumar en Ejecutivo, advirtiera de que, aunque sea cierto que «el ruido que tenemos en
nuestro país es insoportable», al Gobierno le corresponde «estar a las alturas de la circunstancia» y actuar con la «máxima contundencia», María Jesús Montero, defendió la tímida medida
tomada por Ferraz, en atención a las circunstancias. Montero, número dos del Gobierno y el PSOE, tildó de «pseudomedios» a quienes hasta ahora han publicado los audios y actas que prueban
los controvertidos encuentros mantenidos por Díez, El Confidencial y El Mundo, e insistió en que en ningún caso queda demostrado que esta actuara por encargo de la formación. Fuentes
gubernamentales aducen incluso que ni siquiera se puede considerar que la que fuera responsable de comunicación del PSOE cántabro hasta 2017 y directiva de Correos hasta el pasado año sea
delictivo. «Lo que pide esa señora son pruebas. No está chantajeado, ni falsificado pruebas», dicen en relación a las conversaciones con el empresario imputado en la causa de los
hidrocarburos Alejandro Hamlyn o con el comandante de la Guardia Civil imputado en el 'caso Koldo', Rubén Villalba, en las que Díez ofrece ayuda procesal o incluso reuniones con la
Fiscalía a cambio de material comprometedor contra la UCO. "Promete cosas -aducen- que no se han cumplido" DESCONCIERTO E INQUIETUD Entre los socialistas más alejados del poder
cunde, según admiten, el «desconcierto» e incluso la «inquietud». Aunque, en público el único que este jueves se desmarcó fue el expresidente y ex líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán,
quien, como el PP, instó a «acabar con la agonía» y poner fin a la legislatura. El siempre crítico presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se limitó, en cambio, a pedir que se
plantear una querella criminal contra quienes acusan al presidente del Gobierno de estar tras los movimientos de Díez. En la cúpula del partido esgrimen que están siendo víctimas de un
operación en la que incluyen también a elementos de la misma UCO e insinúan que la exteniente de alcalde de Vega de Pas podría estar a sueldo de otras personas con intereses propios, en
referencia al abogado Jacobo Teijelo o al empresario Javier Pérez-Dolset, también imputado por un fraude en subvenciones. Es este último, que también se considera víctima de la UCO, el que
aseguró a El Confidencial, según se le escucha decir en un audio, que eran Sánchez y Cerdán quienes habían ordenado a Leire Díez recabar información sensible contra algunos miembros del
Instituto Armado. «Estamos asistiendo a una campaña mafiosa contra el Gobierno de España, con filtraciones y medias verdades todos los días, con insinuaciones, con bulos, con fango
permanentemente», reiteró el líder de la oposición madrileña y ministro para la Transformación Digital, Óscar Lopez. «Ojalá la política fuera otra cosa, pero ninguna campaña infame de las
que se están desatando contra el Gobierno va a tener éxito», dijo casi al tiempo que Alberto Núñez Feijóo pedía a lo socios del Ejecutivo apoyar una moción de censura y convocaba a una
manifestación el próximo 8 de junio.