España: un sistema político pensado para un bipartidismo que ya no existe

LUIS B. GARCÍA. LA VANGUARDIA El pasado mes de julio YA SE RETOMÓ UN DEBATE QUE SURGIÓ EN 2016, CUANDO RAJOY FRACASÓ EN SU PRIMER INTENTO DE SER INVESTIDO CON LOS VOTOS DEL PSOE, pero ahora

vuelve a emerger y es posible que sea una de las comidillas de la campaña electoral que se cierne. El debate sobre la reforma de la Constitución que sería necesaria para evitar nuevos

bloqueos emerge en vísperas de las segundas elecciones que se celebrarán en un año. Se trata de un asunto espinoso y complicado de acometer QUE PARECE CONTAR CON EL APOYO DE LOS PRINCIPALES

PARTIDOS, SOCIALISTA Y POPULAR, pero no con la simpatía de Ciudadanos y Podemos, que verían así LIMITADA SU CAPACIDAD DE INFLUENCIA, su potencial protagonismo a partir del papel de partidos

bisagra. La posibilidad de reforma ha vuelto a ponerse sobre la mesa con el aval de las dos formaciones entre la cascada de reproches acerca de la responsabilidad de acabar en una nueva

repetición electoral. En el PSOE lo tienen claro a la luz de las manifestaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien este mismo miércoles ha acogido esta opción como una

“HERRAMIENTA PARA EVITAR QUE UNA MINORÍA PUEDA IMPONER UN BLOQUEO”. Montero ha justificado la necesidad de acometer una reforma de calado que impediría nuevos bloqueos para la investidura

indicando que EL SISTEMA INSTITUCIONAL ESPAÑOL ESTÁ PENSADO PARA UN PANORAMA POLÍTICO BIPARTIDISTA, pero no para la situación de “multipartidismo” que vivimos en la actualidad. Esta

disfunción provoca que “UNA MINORÍA SE CREA CON DERECHO A IMPONER VETOS”, algo que considera que hay que “evitar”. Así que “en su momento, propondremos cambiarlo”, ha asegurado. Por su

parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recordado al respecto que fue Casado quien ofreció en julio esta reforma a Sánchez, si bien el líder popular es

partidario de una fórmula que, de las varias existentes, implica la ampliación de la representación en el Congreso. Casado apuesta por emular el sistema parlamentario griego donde la cámara

parlamentaria RESERVA 50 ESCAÑOS QUE SON UN PREMIO AL PARTIDO MÁS VOTADO. Esta fórmula está diseñada para favorecer la estabilidad pero obligaría a pasar de los 300 a los 350 escaños

actuales, con la más que probable oposición frontal de los partidos minoritarios, que también serían necesarios para hacer prosperar la reforma. Este cambio no puede llegar hasta que no se

hayan celebrado nuevas elecciones, conformado de nuevo las Cortes y formado un gobierno. PP y PSOE son conscientes de que no se pueden cambiar las reglas mientras se juega el partido, pero

cuenta con numerosos obstáculos. Sería la tercera reforma de la Carta Magna para la que además sería necesario un consenso entre los partidos sobre la receta que evitaría más repeticiones

electorales, algo de por sí difícil. Además, para hacer un cambio en este sentido SERÍA NECESARIA LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL Y DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN, el que regula el

proceso de investidura del presidente del Gobierno, requiere del acuerdo de al menos 210 diputados y 159 senadores, es decir, de las tres quintas partes de las Cámaras. Pese a no ser una

reforma agravada de la Carta Magna (para la que es necesario el apoyo de los dos tercios), es más que probable que una eventual cambio tuviera que ser sometido a referéndum (así debería

hacerse si lo piden 35 diputados), pero además requeriría de más apoyos que los de PP y PSOE, puesto que sólo suman en la actualidad 189 escaños (123 el PSOE y 66 el PP). ES IMPRESCINDIBLE

EL APOYO DE MÁS ACTORES PARLAMENTARIOS, que en algunos casos podrían avenirse a ello, con condiciones. Sería crucial la posición de partidos como ERC, PNV, y otros grupos minoritarios de la

Cámara. De momento, el diputado republicano Gabriel Rufián ha asegurado este miércoles en los pasillos del Congreso qUE LA PROPUESTA DE REFORMA LE “SUENA BIEN”. “SERÍA POSITIVO PLANTEARLO”,

ha asegurado, pero acto seguido ha lamentado que los partidos sean capaces de ponerse de acuerdo para cambiar el sistema de elección del presidente y no para hacer posible el referéndum en

Catalunya. “Es curioso que esta gente quiera cambiar la Constitución para cosas de este tipo, y para intentar canalizar la voluntad del 80% de los catalanes no”, ha recriminado. Por su

parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reclamado que, más que reformar la Constitución para evitar los bloqueos políticos, como plantean desde el PSOE, lo que hace

falta es que “ALGUNOS POLÍTICOS APRENDAN A CONJUGAR EL VERBO PACTAR, y no otros verbos para intentar distraer la atención”. Baldoví se ha mostrado dispuesto de esa reforma de la Carta Magna

pero no sólo para evitar más parálisis sino otros asuntos, entre los que ha citado la derogación del artículo 135, relativo a la estabilidad presupuestaria. “Soy partidario de reformar

muchas cosas, pero no aquello que me interesa en el momento que me interesa”, ha señalado el diputado valenciano. Sin duda, plantear en serio la reforma de la Constitución para acometer

estos bloqueos no es más que el fruto de la incapacidad demostrada de los partidos para tejer acuerdos de gobierno. Pero además, con esta receta antibloqueos se abre la caja de Pandora, de

manera que previsiblemente se desataría una multiplicación de peticiones para modificar otros artículos. Junto al acuerdo necesario para una reforma constitucional, los partidos tendrían que

llegar a un entendimiento sobre la fórmula concreta que debería reflejarse en dicha reforma. Además de la vía que propone Casado hay otras posibilidades, como la que se llevan a cabo en los

ayuntamientos o la que se lleva a cabo en Castilla-La Mancha. En la región disponen de una regulación propia que limita a dos meses el plazo para negociar sin que pueda haber repetición

electoral, de manera que se prima el acuerdo por mayoría absoluta, SI NO, POR MAYORÍA SIMPLE, Y SI NO, ES INVESTIDO EL CANDIDATO QUE DEL PARTIDO QUE TENGA MAYOR NÚMERO DE ESCAÑOS. Pero

también existe la posibilidad de solventar la cuestión mediante un sistema de doble vuelta electoral o simplemente, manteniendo el actual sistema pero impidiendo el voto en contra del

candidato.