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El 54,1% de los murcianos encuestados por el observatorio de estudios demoscópicos de la UCAM son partidarios de una convocatoria anticipada de elecciones generales, frente a un 31,4% que
desea la continuidad de la legislatura con los actuales pactos de investidura que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa. Como cabía esperar, son los votantes del PP y Vox quienes
mayoritariamente se inclinan por acudir cuanto antes a las urnas, aunque se observa un significativo 29,5% de votantes socialistas, casi un tercio, que también querría un adelanto electoral.
La sorpresiva convocatoria del congreso nacional del PP en pleno mes de julio (lo natural habría sido celebrarlo a la vuelta de vacaciones para arrancar el curso político) parece obedecer
al deseo de Feijóo de tener preparado su partido ante una posible cita anticipada con las urnas. Parece improbable pero Feijóo no se fía. También se interpreta el veto de Abascal al pacto
para los presupuestos regionales en las comunidades gobernadas por el PP a un movimiento táctico, de cara a unas generales, que le está reportando beneficios, al menos en las encuestas. A
estas alturas, ni siquiera los dirigentes socialistas, niegan, al menos en privado, la progresiva debilidad de Pedro Sánchez desde que hace un año sorprendió a España con su aislamiento
durante varios días para decidir sobre su futuro, coincidiendo con el inicio del caso judicial de su esposa. Desde entonces, los problemas se le amontonan. No hay Presupuestos Generales del
Estado y gobierna prácticamente a base de reales decretos, de espaldas al Congreso porque la alianza de la investidura se resquebraja. A los casos de presunta corrupción que judicialmente
cercan a su esposa, a su hermano, a su otrora mano derecha José Luis Ábalos y al fiscal general del Estado, se suma la posibilidad de que la justicia señale ahora al secretario de
organización del PSOE, Santos Cerdán. Y junto a todo lo anterior se van sumando acontecimientos inesperados que erosionan al Gobierno, desde un apagón masivo que intentó explicarse con un
inexistente ciberataque hasta un caos ferroviario que no fue por sabotaje, como quiso hacerse ver, y que afectó a cientos de pasajeros desasistidos por Renfe. Sánchez se aferra a su manual
de resistencia y no claudicará anticipando elecciones. Sobre todo porque sabe que en el actual contexto político, tanto nacional como internacional, perdería hoy el Gobierno en las urnas,
por más que el CIS de Tezanos muestre signos de resiliencia demoscópica. En el plano internacional es notorio el cambio de ciclo, con la socialdemocracia en claro retroceso. El último
ejemplo se evidenció en las elecciones generales del pasado domingo en Portugal, donde los socialistas fueron la tercera fuerza tras los conservadores de Montenegro y la derecha radical de
Chega. Una traumática derrota electoral en España podría abocar a los socialistas a un proceso de irrelevancia similar al experimentado por formaciones análogas en Grecia, Francia, Italia y
Alemania. Hasta ahora, Sánchez disfrutó de la ventaja de ser el refugio electoral de quienes temen un gobierno del PP con la partipación activa de Vox. Ese miedo al fantasma de la
ultraderecha empieza a disiparse; cuanto más recurrentes y graves son los escándalos que salpican a Sánchez, más evidente se hace su colonización política de las instituciones y de las
empresas, ya no solo semipúblicas, y sube el tono del enfrentamiento con otros poderes del Estado, como el judicial. Las críticas a la jueza que investiga a su hermano, para poder justificar
el aforamiento exprés del líder del PSOE extremeño, da idea del relativismo en el que se ha instalado el PSOE para menoscabo de la regeneración de la vida pública y la calidad democrática.
Sánchez aguanta con la interesada respiración asistida de los partidos que apoyaron su investidura. Cuanto más le ven bracear y boquear en las aguas bravas de la política, mayores réditos
obtienen sus socios por los recurrentes salvavidas que le lanzan. Lo decía cínicamente Otegi hace unos días: en las actuales circunstancias tienen una ventana de oportunidad. El apoyo de
Junts durará lo que dure la expectativa de la amnistía. El presidente del Constitucional, Conde Pumpido, no esperará a que se pronuncie Europa sobre la ley de amnistía y trabaja con el
horizonte de emitir su fallo este verano, lo que abriría la puerta al regreso de Puigdemont tras el verano. Ese es el límite temporal que parece dispuesto a asumir el líder de Junts. Si no
se cumple, entonces la legislatura podría saltar por los aires. Entretanto, Sánchez lo fía todo a la marcha de la economía, que discurre razonablemente bien, con España liderando el
crecimiento en la eurozona. Es verdad que hay problemas serios, como el acceso al mercado de la vivienda, especialmente para los más jóvenes, que además sufren precariedad salarial, pero las
cifras macroeconómicas son indiscutibles. Y podrían ir mejor si la degradación institucional no se estuviera agudizando, provocando a su vez inestabilidad en las relaciones socioeconómicas,
lo que lastra la productividad, uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía. Lo malo es que esa buena marcha de la economía no es territorialmente homogénea. El PIB de la
Región de Murcia crecerá en 2025 un 2,9% y podrían crearse 30.000 empleos, según el BBVA, pero esa prosperidad aumenta sin que se cierre la gran brecha de desigualdad de rentas existente en
nuestra Comunidad, cuyas arcas siguen lastradas por la infrafinanciación (¿hasta cuándo?). Reporta un error