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El empresario Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama por la que está imputado José Luis Ábalos, ha demandado a María Jesús Montero ... llamarle «delincuente» en el pasado 16 de
marzo durante una entrevista en el programa 'Lo de Évole' en la Sexta. De Aldama exige a la vicepresidenta y ministra de Hacienda que se retracte de sus expresiones «injuriosas»,
pida perdón público en los principales medios de comunicación le indemnice con 250.000 euros por los daños morales causados por sus declaraciones en las que la número 2 del Gobierno de Pedro
Sánchez se mostró convencida de que el empresario volvería pronto a la cárcel. La entrevista con Évole se produjo solo doce días después de que el 5 de marzo, el jefe de gabinete de
Montero, Carlos Moreno, fuera interrogado como testigo por el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Ábalos' en el Supremo. Aunque Montero había negado de manera insistente que
su mano derecha jamás se había reunido con De Aldama y acusó al conseguidor de mentir, lo cierto es que Moreno ante el alto tribunal sí que acabó reconociendo que sí que se había reunido en
varias ocasiones con Víctor de Aldama para hablar del aplazamiento de una deuda con el fisco de una de sus empresas, al tiempo que igualmente admitió que alguno de esos encuentros se hizo
en la sede de Hacienda y que también a De Aldama información sobre una casa que pretendía comprarse. «La demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública a través de un
medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad contra el señor De Aldama», apunta el escrito presentado por el abogado del empresario, José Antonio Choclán. El letrado de De
Aldama sostiene que Montero vulneró el principio de neutralidad que debe regir la actuación de un cargo público, sino que sus palabras «tuvieron una inequívoca difusión en la medida en que,
no sólo se emitieron en la franja correspondiente al programa televisivo, sino que, posteriormente, se reiteraron en otros espacios televisivos, así como en prensa digital y redes sociales,
multiplicando su alcance y la expansión del daño». La demanda insiste además en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que «cuando la vulneración de la presunción de
inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada». También critica De Aldama que la
vicepresidenta dijese estar convencida de que volvería a la cárcel, «precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de
parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria». Se refiere al caso que investiga el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre un presunto fraude de IVA con hidrocarburos en el que De Aldama figura como principal investigado y en el que la trama que presuntamente dirigía está
acusada de haberse embolsado 182 millones de euros.
