La fiscalía se querella contra tres funcionarios del sms y un comercial por el caso de las prótesis | la verdad

Primero indagó la Consejería de Salud, después lo hizo la Fiscalía -con apoyo de la Policía Nacional- y a partir de ahora lo hará un ... juzgado. El expediente abierto por la Comunidad

Autónoma a finales del año pasado por aparentes irregularidades en la compra de prótesis y otros productos sanitarios para la sección de Radiología Vascular Intervencionista del hospital

Virgen de la Arrixaca, debido a los sobreprecios pagados por el Servicio Murciano de Salud (SMS), ha derivado en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía en los juzgados de

instrucción de la capital de la Región. La acción penal se dirige contra tres funcionarios del SMS -el jefe de servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o central de compras,

un jefe de sección de ese departamento autonómico y un médico de la sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca- y contra un comercial de la empresa distribuidora Logimed

SL, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. PARA TENERLO CLARO 700.000 euros fue el sobrecoste

detectado por la Consejería de Salud en 2024 en la adquisición de tapones de embolización para uso vascular periférico durante el año anterior, por parte del SMS. Son unas prótesis

utilizadas en intervenciones, por ejemplo para cortar hermorragias en las arterias. Así lo confirmaron este viernes al diario LA VERDAD fuentes de la investigación, y señalaron que el

decreto de interposición de la denuncia fue firmado por el fiscal Rafael Pita el 6 de mayo y comunicado esta semana a los Servicios Jurídicos de la Consejería. El representante del

Ministerio Público no indica el importe del presunto daño causado a las arcas públicas, que según las fuentes consultadas oscilaría entre un millón y 1,7 millones de euros. Así lo adelantó

en febrero este periódico, que destapó este asunto en noviembre a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Consejería que dirige Juan José Pedreño. Salud inició también una

auditoría interna, a raíz de los datos recabados por la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería. El fiscal también ha resuelto dirigirse al Grupo de

Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, para que cese en las indagaciones iniciadas por mandato suyo en el mes de diciembre, salvo que el juzgado que

instruya el caso (según el reparto de asuntos del Decanato) le encargue nuevas averiguaciones. INTERVENCIÓN DE LOS CORREOS Fue ese grupo policial el que planteó en abril a la Fiscalía la

conveniencia de judicializar estas actuaciones y ampliarlas, mediante el análisis de las comunicaciones realizadas por los investigados a través de sus correos electrónicos corporativos. El

Ministerio Público ve adecuado trasladar la investigación a los juzgados y acuerda solicitar la intervención de las citadas comunicaciones escritas, para esclarecer la presunta participación

en los hechos delictivos de V. F. G., jefe de servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral; M. N. G., jefe de servicio de esa central de compras; A. C. M., médico de la sección de

Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca; y S. D. M., quien, según la Fiscalía de la Región de Murcia, «como comercial mediaba entre la distribuidora de productos Logimed SL y el

Servicio Murciano de Salud». LA POLICÍA RECABÓ DATOS SOBRE EL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y UN JEFEDE SECCIÓN DE LA UAI,UN MÉDICO Y EL REPRESENTANTE PRIVADO Los agentes expusieron que su

investigación confirmó las supuestas irregularidades detectadas de forma inicial por la Consejería en la adquisición de material sanitario no incluido en el catálogo de productos del SMS y

en el abono, por parte de este, de precios superiores a los que habría correspondido. El 'modus operandi' habría consistido en que los cuatro investigados, a pesar de tener

conocimiento de los requisitos del Servicio Murciano de comprar productos sanitarios, y en concreto que estos estuvieran incluidos en un determinado catálogo, «impartieron las instrucciones

correspondientes al personal auxiliar, de manera que se utilizaran códigos de productos sí incluidos en el catálogo, para la adquisición y pago por el SMS de productos no incluidos». Ello

permitió, en apariencia, el abono por parte de la Administración pública, de «un precio superior» al que habría correspondido. UNA DENUNCIA INTERNA La Fiscalía descarta, eso sí, declarar

secreta la causa por considerar que las cuentas de correo electrónico están alojadas en el servidor de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, los afectados tienen una capacidad limitada de

acceso a los mismos para borrar o manipular información. HABRÍAN USADO CÓDIGOS DE ARTÍCULOS DEL CATÁLOGO DEL SMS PARA COMPRAR OTROS EXCLUIDOS, A UN PRECIO MAYOR DEL DEBIDO La investigación

interna del SMS apuntó a un sobrecoste de 700.000 euros en la compra de tapones de embolización para uso vascular periférico. Son unas prótesis que se utilizan en radiología vascular

intervencionista para cortar, por ejemplo, hemorragias en arterias. El análisis de abundante documentación (como pedidos y facturas) sacó a la luz posibles sobreprecios de hasta el 1900% e

irregularidades cometidas desde el año 2019 a 2024, cuando la Comunidad tomó medidas tras una denuncia interna. Además, la Policía halló indicios de contrataciones verbales. LA CONSEJERÍA

RECUERDA QUE PUSO LA DENUNCIA Y APARTÓ A LOS EMPLEADOS La Consejería de Salud confirmó este viernes que la Fiscalía ha notificado a sus servicios jurídicos la decisión de presentar una

querella en los juzgados sobre la presunta trama de la compra de prótesis para la sección de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Virgen de la Arrixaca. Y defendieron la

reacción del Gobierno regional en este asunto de presunta corrupción, que afecta a la central de compras del Servicio Murciano de Salud y al citado centro hospitalario. «Hay que recordar que

fue la propia Consejería la que puso el asunto en manos de la Fiscalía en cuanto la Inspección detectó posibles irregularidades», indicaron a LA VERDAD fuentes de la Consejería que dirige

Juan José Pedreño. Y añadieron: «Que la Fiscalía dé traslado al juzgado, tras su investigación, quiere decir que en el SMS se ha actuado en la dirección correcta. Ahora, queda en manos del

juez la instrucción y la determinación de responsabilidades en el ámbito judicial». Asimismo, en el departamento de Salud de la Comunidad Autónoma indicaron que, «de forma preventiva, se

apartó a los funcionarios implicados». Y concluyeron: «Se está actuando con rigor y los controles internos del SMS y las inspecciones funcionan». Según ha sabido este diario, distintas

resoluciones judiciales recientes avalan las suspensiones de empleo y sueldo acordadas por la Consejería y rechazan los recursos presentados por los funcionarios afectados. Según fuentes de

la investigación, el supuesto fraude económico a la Comunidad abarca la facturación de prótesis «con un precio más elevado que el producto utilizado», en concreto 1.400 euros por implantes

que el SMS podría haber adquirido al fabricante por 400 euros. A ello habría que sumar sobreprecios en la compra de material fungible en niveles similares (tarifas infladas un 250%) y en

hasta un 1.900%. El modelo de prótesis en cuestión empezó a adquirirse en septiembre de 2021, en sustitución del que se usaba en La Arrixaca, y dejó de comprarse tras destaparse el

escándalo.