El primer despacho especializado en la ley de segunda oportunidad está en valencia | las provincias

feature-image

Play all audios:

Loading...

Domingo, 1 de junio 2025 | Actualizado 03/06/2025 10:07h. Tarrazona Abogados lleva desde 2012 dedicándose en exclusiva a la Ley de Segunda Oportunidad. Aunque en marzo de 2012 aún no existía


la Ley de Segunda Oportunidad, en Tarrazona Abogados ya sabían que iba a cambiar la legislación. Tras la crisis de la burbuja inmobiliaria, asesoraban a bastantes empresas de diferentes


sectores —la inmensa mayoría, autónomos y del sector del transporte—, las cuales, a causa de los impagos de sus clientes (en su mayoría), lo perdieron todo, incluida su vivienda, y se


quedaron debiendo al banco unos 100.000 euros, que debían pagar si querían volver a tener propiedades, además de sufrir embargos sobre su salario. Acabábamos de rescatar cajas de ahorro y


bancos con un coste de unos 100.000 millones de euros —la factura aproximada del «banco malo» (Sareb)— y Europa ya se preparaba para salvar a las personas, modificando el régimen de


responsabilidad personal: de ilimitada y universal, a limitada en determinados casos. Si lo pierdes todo, también deberían cancelarse las deudas pendientes. Tarrazona Abogados inició una


tesis doctoral sobre el futuro cambio que iba a producirse en la Ley, pero antes de finalizarla, en 2013, ya se conoció el cambio legislativo que se avecinaba. Así que, en 2013, antes de que


se modificase la normativa, ya llevaban casos, confiando en el cambio que estaba por llegar. Y llegó. Actualmente, estamos en la tercera versión de la Ley. Algunas cosas han mejorado y


otras han empeorado. Ahora el procedimiento es más ágil y se tramita ante juzgados especializados —los de lo Mercantil—. Antes, se tardaban años en los juzgados ordinarios de demarcaciones


judiciales pequeñas, lo que bloqueaba a jueces, funcionarios y deudores. «Hoy, en la mayoría de los casos, se tardan unos tres meses en concluir el proceso y obtener la sentencia que perdona


las deudas, aunque para el deudor que tiene deudas públicas, han empeorado mucho sus posibilidades de volver a empezar de cero. No obstante, la ley volverá a cambiar», nos explican desde


Tarrazona Abogados. Nos indican que es importante saber que el proceso está diseñado para personas que lo han perdido todo o casi todo, y no pueden pagar los créditos pendientes por falta de


recursos. Este proceso no es para quien no quiere pagar, sino para quien ya no puede. La línea que separa la posibilidad de la imposibilidad de pago es lo que se dilucida en estos


procedimientos. No obstante, jueces y abogados ya tienen claros los criterios que diferencian a quienes pueden acogerse a la exoneración de deudas y a quienes no. Desde Tarrazona Abogados


responden a unas preguntas que nos sirven para conocer mejor la Ley de Segunda Oportunidad y su particular forma de trabajar. -¿CÓMO SABÍAIS QUE LA LEY CAMBIARÍA? -Era solo cuestión de


lógica. En Europa quedaron atrapadas bajo la losa de las deudas 9.000.000 de familias entre 2007 y 2012. 1.000.000 de ellas eran españolas. Salvar a los bancos no tenía sentido si después no


se salvaba a las personas, ya que el sistema financiero es el corazón de la economía, pero las personas son la sangre. Un corazón sin sangre —o con 9.000.000 de personas menos en el


circuito— no tiene ningún sentido. Vimos claro que cambiaríamos nuestro sistema de responsabilidad universal sobre las deudas —basado en el Derecho Romano— a un sistema de bancarrota de


estilo anglosajón, en el que el fracaso económico no condena al ostracismo, sino que se valora como una experiencia. Después de más de 2.000 años con ese bagaje cultural, al principio no se


sabía cómo respondería la sociedad y la Justicia, ya que lo primero que se piensa es en quien podría utilizar la ley para aprovecharse sin derecho. La realidad es que el cambio ha


beneficiado ya a más de 10.000 familias en toda España. Muy pocas de aquel millón que quedó atrapado, pero se calcula que solo unas 100.000 se acogerán, ya que actualmente solo un 10% de los


deudores lo hacen. El resto, cuando ese 10% se pone en marcha, encuentra empleo y paga las deudas. La razón es que solamente un 10% de la población cree de verdad en su futuro y paga el


precio del billete —los costes judiciales— para llegar a él lo antes posible. El resto espera que todo se solucione con el tiempo. -¿ENTONCES ES REAL QUE SE PERDONEN LAS DEUDAS? -Es legal y


moral. Muchos clientes -la mayoría extremadamente honrados-creen que no es correcto dejar de cumplir con sus obligaciones. Tenemos casos de personas que, con sueldos de mil euros, pagan


alquiler, mantienen a sus familias y pagan todas las deudas y plazos de los créditos que pueden. En realidad, eso es antieconómico e inmoral. Los bancos fueron rescatados con dinero público,


también de quienes ahora deben y no pueden pagar. Los bancos estaban obligados a refinanciar —sin necesidad de demanda judicial— a sus clientes, cosa que no hicieron. Por ello, la ley ahora


es muy exigente con la exoneración de deudas. Pero está más que justificado. En 2015, el Banco Central Europeo aprovisionó 300.000 millones de euros para esta circunstancia. Los bancos


podían solicitar, sin intereses, lo que necesitaran para no entrar en bancarrota ni dar pérdidas. Pero no trasladaron ni un euro de forma voluntaria a los ciudadanos. Por eso, muchas


personas se quedan sin capacidad de consumo, pagando créditos que restan dinero a la economía. La economía europea se deteriora, pese a tener herramientas para crecer. Así que, moralmente, y


en beneficio de la economía ciudadana y de los propios intereses de los bancos, estos deberían haber aplicado quitas y rebajas sin necesidad de exigencia judicial. No obstante, en estos 18


años no lo hemos visto ni una sola vez, pese a que el BCE lo ha solicitado personalmente a los presidentes de las entidades. Nuestra ley defendía a los que tienen capital para prestar, pero


ahora, sin personas que soliciten créditos, tampoco fluye el crédito —base de la velocidad de la economía actual. Por eso hemos incorporado el derecho al Fresh Start, como se denomina la


segunda oportunidad en el sistema jurídico anglosajón, y que la Biblia ya recogía cuando establecía el año sabático: las deudas que no podían pagarse se perdonaban cada siete años. Nos


gustaría añadir que es imposible imaginar cuánto son 300.000 millones de euros, pero si los dividimos entre 300 millones de europeos, obtenemos una referencia: salimos a 1.000 euros por


persona. Esos 1.000 euros se han traducido en más impuestos o en menos servicios públicos. -¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? El requisito principal es no haber cometido un delito económico previo


y no ser responsable de la insolvencia por mala fe o temeridad. Ahora bien, Hacienda y la Seguridad Social han endurecido los requisitos, al impedirlo en determinadas circunstancias


respecto a ellas. /¿TIEMPO Y COSTE? Hoy en día, en Valencia, hablamos de tres meses y un coste medio aproximado de 2.500 euros. Aunque varía mucho entre despachos y según las circunstancias


del deudor: importe de las deudas, número de acreedores, si aún posee bienes, etc. /¿SEGÚN VUESTRA EXPERIENCIA, QUÉ PORCENTAJE DE ÉXITO HAY? En nuestro caso, el 100%. Pero no ha sido solo


gracias a nosotros, sino a que el 100% de los casos cumplían todos los requisitos, y todos los clientes lo merecían. Cuando algún juzgado ha cometido errores, la Ilma. Audiencia Provincial


los ha corregido. La verdad es que es una especialización muy gratificante, porque cada vez que alguien deja atrás sus deudas y puede empezar de nuevo, es realmente emocionante. Es


gratificante y te sientes parte de la Justicia: se ha hecho justicia. Reporta un error