La oficialidad del catalán en la ue pone a prueba el ultimátum de puigdemont | las provincias

La estabilidad de la legislatura española se juega en Bruselas, en una reunión este martes del consejo general de la UE, y en el Tribunal ... Constitucional, que en un mes entrará a

deliberar sobre la ley de amnistía. Antes del verano, las dos patatas calientes de las que pende el apoyo de Junts al Gobierno pueden estar resueltas. Más bien son tres, porque la propuesta

de financiación singular debe ver la luz antes del 30 de junio. Pero en este caso, esta es una cesión pactada con ERC. Ese es el cálculo que hizo Junts cuando hace unas semanas lanzó un

ultimátum a Pedro Sánchez. Se acaba la prórroga que Puigdemont le dio al Gobierno en el mes de marzo a cambio de retirar la petición de que se sometiera a un cuestión de confianza. El apoyo

al Ejecutivo le está desgastando a Junts, que en las municipales de 2027 puede seguir perdiendo posiciones y que ve que la ultra derecha secesionista de Aliança Catalana le puede comer una

buena parte del pastel electoral. Retroceder en las municipales de 2027 implicaría para los junteros partir con pocas opciones de derrotar a Illa en las catalanas de 2028. Junts, que lleva

meses de órdagos a Sánchez pero no acaba de romper la baraja, necesita que su relación con el PSOE ofrezca resultados. Necesita que los acuerdos para la investidura de Sánchez cristalicen.

De momento, ha conseguido concesiones, pero a medias. Es el caso de la ley de amnistía, que cumple un año, pero no ha beneficiado ni a Puigdemont ni a los líderes del 'procés', o

la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, pactada con el Gobierno, que no tiene aún mayoría para ser aprobada en el Congreso. Podemos se resiste. La oficialidad del

catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas se debate este martes. Es la gran reivindicación del líder de Junts, que ya consiguió, a cambio de la investidura de Francina

Armengol como presidenta del Congreso, que se pueda hablar catalán, gallego y euskera en el Congreso. El pinganillo es hoy una constante en el día a día del Parlamento español. El Gobierno

asegura que esta vez se ha empleado a fondo en Bruselas y que ha desplegado al máximo su capacidad de presión diplomática. Con la cuestión de la oficialidad, de salir adelante, se ganaría,

de una tacada, el aplauso de Junts, ERC, BNG, EH Bildu y PNV, casi todos sus socios de investidura. EXPECTANTES En el independentismo, creen que esta cuestión saldrá adelante, tarde o

temprano. Si no es este martes, está por ver si a Junts le basta con el esfuerzo desplegado por el Gobierno, con la implicación personal, así lo ha trasladado el Ejecutivo, del presidente

del Gobierno. «No es momento de gesticulaciones», advertía el sábado el secretario general, Jordi Turull. En la cúpula postconvergente evitan aventurar escenarios de futuro. «No avanzamos

nada, a ver qué pasa el martes», señalan fuentes junteras. «Ni optimistas ni pesimistas, expectantes», aseguran. En Junts, en cualquier caso, conscientes de que estas últimas semanas el

Gobierno se está moviendo entre bambalinas, no han querido elevar la presión pública y no han generado expectativas que luego se conviertan en un jarro de agua fría. Mientras, en paralelo,

el PP ha ejercido su influencia, pero en sentido inverso. A los populares no les interesa que el Gobierno y Junts engrasen sus relaciones, cuando están casi a diario pidiendo a Sánchez que

convoque elecciones. La otra carpera clave es la de la amnistía. Puigdemont dio a entender días atrás ante los suyos que no confía en un regreso inminente. En un mes, el Constitucional

podría aprobar su sentencia sobre la norma, que vio la luz hace un año en el Congreso. Una sentencia favorable sobre el boirrado penal del 'procés' no garantiza la vuelta inmediata

de Puigdemont. El Supremo podría mantener la orden de detención nacional. Así lo creen en el entorno del expresidente. Y podría llevar el caso al TJUE, ralentizando todos los pasos del

expresidente.