Urkullu aprovecha la debilidad de sánchez para intentar blindar el autogobierno vasco | ideal

Acuciado por el galope electoral de EH Bildu y la cercanía de unas autonómicas nada sencillas para el PNV, Iñigo Urkullu ha hecho su apuesta ... y ha devuelto al debate territorial el

protagonismo de antaño. El jefe del Ejecutivo vasco ha optado por tomar la iniciativa con éxito, a la vista del eco político y mediático de su propuesta de relectura de la arquitectura

territorial, que aleja el foco, precisamente, de la gestión diaria del Gobierno. Y lo ha hecho con una propuesta que, aunque reciclada y nada novedosa –ya se la planteó personalmente a Pedro

Sánchez en junio de 2018–, ha sacudido esta semana la conversación política y ha devuelto el debate sobre el modelo de Estado al primerísimo plano. Porque, más allá del cálculo electoral,

el lehendakari, que lleva varios lustros proponiendo, con distintos nombres, una vuelta de tuerca confederal que blinde el autogobierno vasco, ha visto en la debilidad del líder del PSOE,

que necesita a todas las fuerzas soberanistas del Congreso para ser investido y para garantizarse una mínima gobernabilidad después, la ocasión perfecta de lograr un avance real o, al menos,

de sacar cabeza. El 'momentum', aquí, lo es todo. Por eso, el plan discurre al margen de la reforma del Estatuto de Gernika, que sigue en un cajón pese a los trabajos de la

extinta ponencia de Autogobierno y de la comisión de juristas que redactó un borrador de reforma. «Son dos planos diferentes. La propuesta está pensada para este Estatuto y los siguientes»,

se defienden en Ajuria Enea frente a las críticas de la oposición por saltarse 'pantallas'. El blindaje definitivo de las competencias vascas para evitar la «erosión silenciosa»

del autogobierno a través de leyes de bases, conferencias sectoriales o foros de presidentes que soslayan la especificidad de las comunidades históricas es el reto de fondo que anima el

movimiento de Urkullu, una reinterpretación de la Carta Magna sin las mayorías cualificadas que exige el procedimiento legalmente tasado. «Se trata de poner unos límites, un marco estable, y

que no te lo cambien cada cinco minutos», aclaran en el entorno de Urkullu, que busca así sortear las «excusas» sobre la imposibilidad de promover una reforma constitucional ante la

negativa del PP. MÁS DIGERIBLE El movimiento, obviamente, fija el marco para empezar a negociar la investidura de Sánchez, que ya cedió ante el PNV en diciembre de 2019 y rubricó un acuerdo

para impulsar «reformas» que adecuasen la «estructura del Estado a las identidades territoriales». Aunque la letra de ese pacto nunca se desarrolló porque el presidente podía jugar a la

geometría variable dentro del bloque de la investidura. Ahora no tiene alternativas, está obligado a contentar a todos y, frente al maximalismo de ERC y Junts, que piden un referéndum y para

quienes se trabaja ya en una ley de amnistía, Urkullu se descuelga con una propuesta amable en las formas que permite a la Moncloa reubicar el debate territorial lejos de la

«unilateralidad» que guió el 'procés'. Así lo admiten en el PSOE, que ve el debate lanzado por el lehendakari «extraño» y «ajeno» a la tradición jurídica, pero admite que no podrá

avanzar sin hacer concesiones en el terreno territorial y lo valora por lo tanto como un punto de partida aceptable. En definitiva, deja hacer para sortear la investidura y después –dicen–

ya se verá. «Asumimos que nuestros socios lo van a plantear y los negociadores tendrán que buscar el encaje y puntos en común con un mínimo de coherencia», asumen en el PSOE, que gana tiempo

y margen de maniobra. El lehendakari recupera ahora su propuesta de hace seis años, que supone de facto asumir la cuestión territorial como puntal de su oferta política frente a un Bildu

mucho más volcado en el discurso social de izquierdas. La fórmula ha dado buenos resultados a los de Arnaldo Otegi el 28-M y el 23-J, frente a un PNV lastrado por el abstencionismo de parte

de su base. Pero Ajuria Enea es consciente de que el escenario ha cambiado con un Tribunal Constitucional ahora de mayoría progresista. El tiempo dirá si hay agua en la piscina.