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«Un error puntual». Así definió este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el contrato que su departamento firmó con una empresa israelí ... para la adquisición de 15
millones de balas por 6,8 millones de euros. «Un desajuste» que asume «en primera persona». Según relató durante su comparecencia en el Congreso, la licitación, destinada a municionar a la
Guardia Civil, se firmó el 21 febrero de 2024 y meses después, en octubre, su departamento recibió la orden por parte del Gobierno de paralizar la operación y «estudiar la mejor forma para
su rescisión». Algo que no ocurrió, ya que el contrato acabó publicado en el BOE del pasado 18 de abril, en pleno festivo nacional por el Viernes Santo.Un hecho que provocó las iras de sus
socios de Gobierno, e incluso Izquierda Unida amagó con abandonar el Consejo de Ministros. Finalmente, y pese a las advertencias de los letrados del ministerio, Moncloa optó por romper el
pacto comercial con el Estado hebreo. Marlaska, citado en la Cámara baja a petición de PP, por un lado, y Podemos, ERC y EH Bildu, por otro, reconoció que durante ese tiempo se estudiaron
fórmulas que evitaran que la cancelación de dicho contrato provocara «un perjuicio patrimonial para el Estado». La Abogacía del Estado «recomendó formalizar el contrato», añadió. Ahora sin
embargo, el ministro afirma que el Ejecutivo, con la colaboración de distintos departamentos ministeriales, ha encontrado «un mecanismo para la rescisión».Aunque no llegó a detallarlo. Su
comparecencia se produjo un día después de que el Congreso sacara adelante la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Sumar y Podemos y apoyada por el PSOE para poner
en marcha un embargo de armas a Israel y a otros Estados acusados de «genocidio o crímenes de lesa humanidad» por tribunales reconocidos por España. Un primer paso que deberá recorrer ahora
una incierta tramitación parlamentaria –Junts ya anunció enmiendas pese a votar a favor–, pero que, según los socialistas, muestra el«compromiso del Gobierno» con esta cuestión. En esa
línea, Marlaska defendió en todo momento la gestión de Interior durante la paralización de este contrato e insistió «el compromiso firme» de no volver a contratar armamento con empresas
israelíes al tiempo que acusó a PP y Vox, de «haber aprovechado» esta situación para dañar al Gobierno. Y es que la falta de recursos que pueda traer aparejada esta ruptura de compromisos
comerciales a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad delEstado era uno de los argumentos que tanto PP como Vox esgrimían en sus críticas al ministro. Marlaska, sin embargo, garantizó que esto no
afectará al equipamiento ni a la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA» Tras la comparecencia del titular del departamento del Interior,
la diputada del PP Sofía Acedo Reyes señaló que esta cancelación contractual podría suponer un delito de «prevaricación administrativa». Además, la parlamentaria del grupo popular puso en
duda la afirmación de Marlaska sobre el suministro garantizado al Instituto Armado, y le preguntó que «¿Por qué vuelve a castigar a la Guardia Civil?». Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos
urgieron, por su parte, al Gobierno a tramitar de forma urgente el embargo de compraventa de armas a Israel y no alargar su periodo de enmiendas, como ha ocurrido –denuncian estos mismos
grupos– cono iniciativas como la reforma del alquiler de temporada, desencallada el martes gracias a la unión de los votos de Sumar y el PP.Además, exigieron al ministro que rompa todos los
contratos pendientes o «latentes» con Israel y un embargo total de armas, entre otras medidas, para «no financiar un genocidio». La líder del partido morado, IoneBelarra, directamente acusó
al ministro de «mentir» y de ser «colaboracionista» con el «genocidio del pueblo palestino» por mantener contratos con Israel hasta hace unos meses.