El gobierno respira con el aval del tc a la amnistía pero sigue en vilo por puigdemont | ideal

El Gobierno y los dos partidos independentistas catalanes que le dan apoyo –Junts y ERC– mantuvieron este lunes una calculada cautela después de que trascendiera ... la ponencia de la

vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, que avala la legalidad de la amnistía y que se da por hecho que la mayoría de la corte    aprobará

en el pleno de este 24 de junio. El Ejecutivo prefirió reaccionar con perfil bajo a una propuesta de sentencia que da un espaldarazo a su polémica contrapartida para la investidura de Pedro

Sánchez. Aún es pronto para cantar victoria y hacerlo sería tanto como validar las reticencias ya existentes respecto al sesgo ideológico del tribunal. El único ministro que se pronunció

sobre el asunto fue el de    Transformación Digital, Óscar López, con un mensaje, en esta ocasión, prudente. López, pidió «dejar trabajar» al Constitucional hasta que dicte su sentencia

definitiva sobre el primer recurso que analiza –el del PP– y proclamó «respeto absoluto» hacia sus decisiones. Pero lo que sí hizo López fue una defensa política de la amnistía, tantas veces

rechazada por el PSOE hasta que fue necesaria para amarrar el Gobierno tras las generales de 2023. El ministro argumentó que el Gobierno siempre ha defendido la constitucionalidad de la

medida –aunque no lo hizo en la anterior legislatura y eso, precisamente, provocó la recusación del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como magistrado del TC frente al recurso del

PP– y defendió que, en todo caso, la ley ya ha demostrado sus efectos «positivos». Pese a que su aplicación completa siga en suspenso para actores tan fundamentales como Carles Puigdemont o

el líder de ERC, Oriol Junqueras, los socialistas remarcan que sí ha tenido efectos para un buen número de personas y que eso ha servido para cerrar heridas. En palabras del ministro, para

«normalizar la vida política de Cataluña». Según un informe de Òmnium Cultural, el 60% de los nacionalistas que han reclamado su exculpación de los delitos y faltas vinculados al

'procés' ya han visto resuelto favorablemente su caso. Falta el otro 40%. La mayoría de los que se han beneficiado son manifestantes acusados de desórdenes en las protestas contra

la sentencia condenatoria por el referéndum ilegal del 1-O. Desde el Gobierno aseguran que Junts es plenamente consciente de que la aplicación de las medidas de gracia ya no está en su mano.

Fuentes gubernamentales creen, en cualquier caso, que la resolución del caso del expresidente de la Generalitat no puede ir para «muy largo». Puigdemont pisó en agosto suelo catalán, por

espacio de tres días, y sin que fuera detenido por los Mossos. Luego volvió a huir a Bruselas. En su entorno situaban su posible vuelta a casa para este verano. Ahora, nadie pone fecha. Hay

dos variables en juego que siguen dejando su situación procesal en un limbo, más allá de que TC avale la constitucionalidad de la aministía. Una, que el Supremo sigue negándose a exonerar al

expresident del delito de malversación; y dos, que hay cuatro cuestiones prejudiciales sobre la ley pendientes de resolución en el Tribunal de Justicia de la UE. En el secesionismo, como en

el Gobierno, predominó este lunes la cautela: porque se trata de un borrador y porque los líderes nacionalistas ya son 'veteranos de guerra' y no quieren lanzar las campanas al

vuelo. Ni ERC ni Junts celebraron con cava el borrador de sentencia del TC. Eso sí, reaccionaron –en parte– de forma distinta. La ponencia es un «paso» en el camino para «restaurar la

justicia», afirmó Junqueras. El portavoz de su partido, Isaac Albert, también tuvo buenas palabras: «Es una puerta abierta a la esperanza», dijo. Junts en cambio evitó valoraciones

concretas, pero su vicepresidente, Josep Rius, sí aprovechó para volver a cargar contra el Supremo. Eludió cualquier presión al Gobierno y al Constitucional, no habló de las consecuencias

que la sentencia puede tener para las relaciones con los socialistas y arremetió contra el alto tribunal, al que acusó de actuar en «rebeldía» contra la ley de amnistía y de intentar

«boicotearla». «El problema de la ley no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Supremo para aplicarla», sentenció. En este punto, junteros y republicanos coinciden en situar a la

Sala de lo Penal como el malo de la película, acostumbrado a «retorcer la ley», señalaron los republicanos. El abogado del expresident, Gonzalo Boye, afirmó en Rac1 que el Supremo está

«orquestando una maniobra» para «evitar que Puigdemont pueda regresar». Pero «volverá relativamente pronto», confió el letrado. «No está preocupado por entrar en prisión. Asume los riesgos»,

añadió Boye, que ya ha anunciado en el pasado varias veces el posible retorno de su cliente. En línea con Junts, también apuntó contra el Supremo, al que querría apartar del caso. La

inminente sentencia del TC –incidió– «no va a cambiar nada» en relación al líder de Junts, porque no entrará a valorar la malversación. Eso queda para el recurso de Puigdemont.