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Muchas décadas atrás, cuando el Gobierno de España comenzó a planificar la infraestructura eléctrica del país sentó en una mesa a ingenieros y expertos para ... trazar las líneas sobre un
mapa. Los señores fumaban a la vez que trabajaban y, por descuido, se dejaron el cenicero justo entre el norte de Granada, Jaén y Almería. Ese hueco, en el que no se dibujaron líneas, quedó
relegado a ser una zona de sombra donde ninguna industria que necesitara potencia eléctrica podría instalarse. MÁS INFORMACIÓN Lógicamente se trata de una leyenda, pero los alcaldes de las
comarcas del norte de Granada y Almería suelen recurrir a esta maldición del cenicero para justificar, entre la broma y la ironía, la inexplicable condena histórica que ha sufrido esta zona
de Andalucía Oriental en materia de desarrollo eléctrico. El propio Pedro Sánchez, en la inauguración de primer tramo del eje Caparacena-Baza-Almería, en noviembre de 2022, reconocía que el
Gobierno saldaba una «deuda e injusticia histórica» no sin antes recordar que fue su Ejecutivo el que la rescató la línea que acabó con el mayor desierto energético de España y la declaró
estratégica para impulsarla. Ahora es la Junta de Andalucía la que apremia al Gobierno para ejecutar las infraestructuras pendientes. CRÍTICAS El apagón ha colocado, con fuerza, el tema en
la agenda pública pero en el debate público de las organizaciones empresariales la lucha por las infraestructuras energéticas de la provincia lleva presente años. Tanto la CGE como Cámara
Granada vienen demandando en público y en privado, al menos desde 2017 cuando elaboraron un informe específico sobre la materia, que «sin generación y sin redes de transporte y distribución
eléctrica el desarrollo económico en la provincia estaba condicionado». «La ampliación a Almería de la línea de 400 Kv Caparacena-Almería es fundamental pero tan crítica, o más, es la
Saleres-Íllora», advierten. Al hilo del apagón, en declaraciones a IDEAL, las instituciones empresariales de la provincia han hecho un llamamiento para sacar este asunto de toda lucha
política «porque en el desarrollo energético de la provincia y en la mejora del sistema eléctrico, todas las administraciones tienen deberes pendientes», con obstáculos que tienen que ver
tanto con la inversión, como con las autorizaciones medioambientales. «Lo que tenemos claro», han señalado fuentes de las organizaciones, «es que o resolvemos esos extremos o debilitamos
nuestra fortaleza económica y empresarial, hasta el punto de poner en riesgo proyectos estratégicos para la provincia», advierten.