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Visto para sentencia el juicio a los dos acusados de presuntamente alterar lindes en Almuñécar. En la segunda y última sesión del juicio celebrado en ... la Sección Primera de la Audiencia
Provincial, la fiscalía ha retirado los cargos para un vecino y el funcionario destinado en la gerencia territorial del Catastro Provincial. Por su parte, la acusación particular ha
mantenido su petición de cárcel para el empleado público, pero ha retirado los cargos para el vecino, al considerar que la «participación queda diluida por la inimputabilidad de sus padres».
El testimonio del gerente del catastro, que ha manifestado en las pruebas testificales que no hay un procedimiento tasado para establecer las lindes, ha sido decisivo para la retirada de
los cargos. En su informe final, la acusación ha reiterado que considera que concurre el delito de falsedad documental. Los hechos se remontan al año 2007, cuando una familia habría engañado
supuestamente a una conocida para modificar las lindes de una finca ubicada en el Barranco de la Golondrina en el municipio sexitano. El fraude se habría producido con la intervención del
funcionario del Ayuntamiento de Almuñécar. Los acusados fueron interrogados por la sala durante la primera sesión del juicio. A preguntas del fiscal y la acusación particular, el vecino que
se vio beneficiado por la presunta alteración de las lindes de la que resultó una nueva finca registral , aseguró que fueron sus padres quienes se encargaron de los trámites. Además, señaló
que esos terrenos pertenecían a su familia. Por su parte, el funcionario, ya jubilado, admitió en el juicio que se encargó del expediente de rectificación y negó relación con la familia que
se habría visto beneficiada con la alteración de las lindes. De igual forma, aseguró que no hizo comprobación del expediente de modificación de las lindes y dio por buena la aportación de la
firma y el DNI de los implicados. La fiscalía solicitaba para el hijo penas que computan en seis años y tres meses de prisión por los delitos de falsificación de documentos y alteración de
lindes. Además, demandaba para el funcionario, ya jubilado, otros cuatro años de prisión por falsificación documental y otros cuatro años de inhabilitación.
