La llama verde contra la corrupción de odebrecht

Aquella tarde del 16 de mayo de 2016 salió exultante al escenario que miraba a la avenida Sarasota de Santo Domingo, donde le esperaban centenares de seguidores emocionados por la

contundencia del resultado. Lo había vuelto a hacer: había hecho Historia al superar en apoyo electoral a referentes políticos dominicanos como Juan Bosch o Leonel Fernández. Después de unas

interminables horas de intenso recuento en la noche del domingo y la mañana del lunes, se confirmaba lo que todos los sondeos llevaban semanas anunciando: Danilo Medina repetiría como

presidente de la República Dominicana por un segundo mandato tras postularse como claro ganador de las elecciones con más del 61% de los votos escrutados. El candidato centrista del Partido

de la Liberación Dominicana (PLD) se reafirmaba como uno de los líderes caribeños más populares y carismáticos del momento. Arropado por su mujer, sus tres hijas y su equipo de campaña, el

economista de 65 años miraba a la multitud con un inusitado optimismo y con la seguridad que le daban unas elecciones que habían sido el espaldarazo definitivo a su gobierno. En los

carteles, en las pantallas de televisión y en las camisetas y gorras de sus acólitos se podía leer “Danilo Medina presidente. Siempre con la gente”. Los cuatro años anteriores de gobierno

habían estado protagonizados por un crecimiento sin igual de la economía, que había alcanzado cotas cercanas al 7%, lo que lo convertía en el país referente de la zona. La presumible buena

gestión realizada, junto a las innumerables políticas sociales y programas de cooperación realizados, le habían granjeado la simpatía de la mayoría de la sociedad dominicana. El afamado

dirigente se prometía una legislatura tranquila, con su partido controlando las dos cámaras, así como las principales provincias y ciudades del país. Además, las perspectivas sobre la

economía seguían siendo enormemente favorables; solo el problema de los miles de haitianos desplazados y las presiones internacionales por la polémica medida de restringir el acceso a la

nacionalidad iban a ser —supuestamente— sus mayores complicaciones. Nadie imaginaba en aquel escenario de caras felices y de palabras llenas de ilusión que unos meses después todo el sistema

político de la nación y la credibilidad del presidente llegarían a estar tan en entredicho. PARA AMPLIAR: Biografía de Danilo Medina Sánchez, Roberto Ortiz de Zárate en CIDOB, 2016

ODEBRECHT, EL IMPERIO DE AMÉRICA LATINA En poco menos de un año, Marcelo Odebrecht pasó de codearse con las principales personalidades de Latinoamérica y Europa, participar en foros y

reuniones mundiales del más alto nivel y erigirse como uno de los hombres más poderosos del Cono Sur a ocupar una pequeña celda de la prisión de la policía federal en Curitiba. Su imagen

esposado y rodeado por agentes armados, que le escoltaban hacia los tribunales para escuchar su sentencia, se convirtió en la imagen icónica de los graves problemas de corrupción que habían

sacudido a la república brasileña durante décadas. Odebrecht había sido uno de los apellidos más importantes de la nación carioca y daba nombre a una de las mayores empresas de construcción

e infraestructuras de toda América Latina. Desde los años cuarenta del siglo pasado, el clan Odebrecht se había hecho un hueco en los poderosos círculos de poder brasileños, tanto en la

dictadura como en la democracia, gracias a una empresa familiar convertida en un gran imperio de negocios. Gracias al empeño de su economía y a la celebración del Mundial de fútbol y los

Juegos Olímpicos, una parte importante de las construcciones e infraestructuras realizadas en los últimos tiempos en Brasil llevaban el reconocible sello de Odebrecht. Más aún, del brazo de

la ambiciosa política exterior de Lula da Silva y Dilma Rousseff, esta marca había logrado hacerse un hueco en los principales mercados de la región y asentarse en más de 25 países por todo

el mundo, con cerca de 128.000 empleados y unos ingresos brutos aproximados de más de 40 mil millones de dólares. En 2014 comenzó a descubrirse que este aparente éxito empresarial escondía

numerosos puntos oscuros y unas cuantas dudas que resolver. En marzo de ese mismo año, la policía federal brasileña arrestó a cerca de una treintena de personalidades del mundo político y

empresarial próximas a la gestión de la compañía estatal Petrobas que presuntamente habían creado una trama de corrupción dedicada al desvío de fondos públicos. Ese número de acusados no

dejaría de crecer en los tres años siguientes. Altos ejecutivos de la empresa petrolera y otras constructoras, como Odebrecht, se dedicaron aparentemente desde principios de 2000 a orquestar

una amplia red de corrupción en la que se amañaban contratos de obra pública a cambio de cuantiosos sobornos, que se repartían entre funcionarios y políticos de diferentes cargos y

partidos. Aunque esta corruptela se había iniciado durante el segundo Gobierno del conservador Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), todo parece señalar que alcanzó su máximo apogeo durante

los Gobiernos de Da Silva (2003-2010) y Rousseff (2011-2014). Las rápidas pesquisas fueron llenando los titulares de periódicos de nombres de políticos y empresarios cada vez más

relevantes, cercando a la presidenta del país y su antecesor en el cargo. Un año después de comenzar con las detenciones e imputaciones, en un episodio inaudito en la democracia

sudamericana, la policía entraba en la casa del exmandatario para llevarlo a comisaría y someterlo a un intenso interrogatorio de más de cuatro horas. La fiscalía ha sabido jugar la baza de

la negociación y reducción de condena con muchos de los implicados si facilitaban más información sobre el caso. De esta manera, los agentes consiguieron en tan poco tiempo detener a figuras

de renombre del país, incluidos los máximos dirigentes de la empresa Odebrecht. En junio de 2015 los jueces encontraron culpable al entonces director ejecutivo Marcelo Odebrecht de sobornar

sistemáticamente a altos funcionarios y políticos en favor de contratos con la Administración Pública. La condena inicialmente iba a ser de 19 años, pero el empresario decidió colaborar con

las autoridades a cambio de una reducción. Cuando se supo que Odebrecht y sus principales asesores iban a facilitar información sensible a la policía brasileña y el FBI, que también

participa en la investigación, el nerviosismo se apoderó de la mayoría de gabinetes presidenciales de toda América Latina. El gigante de la construcción no sólo había dominado la esfera

brasileña, sino que había extendido sus tentáculos por los países vecinos. En pocas semanas, como si fueran fichas de dominó, se sucedieron nombres de candidatos, dirigentes y presidentes de

Gobierno que de una manera u otra se veían salpicados por lo que ya era conocido como el _caso Odebrecth_, uno de los mayores casos de corrupción internacional y que afectaba directamente a

República Dominicana. PARA AMPLIAR: _Lula y Dilma_, Marilena Chaui y Sader Emir, Traficantes de Sueños, 2014 LA LLAMA VERDE QUE ILUMINA LA ISLA El presidente de Colombia, Juan Manuel

Santos; los expresidentes de Perú Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, el entorno de los Kirchner y del actual presidente argentino Mauricio Macri, la petrolera mexicana Pemex,

funcionarios e intermediarios en Panamá, Venezuela y Ecuador… Estos son solo algunos ejemplos que han ido saliendo a la luz en los últimos meses relacionados directa o indirectamente con el

caso Odebrecht. La empresa brasileña contaba con un departamento internacional dedicado exclusivamente a facilitar contactos con los principales responsables políticos de cada país y

supuestamente negociar el pago de sobornos para la adjudicación de obras. El presidente de la República Dominicana se vio afectado tras la detención a finales de febrero del asesor político

brasileño João Santana, un reconocido publicista que había trabajado con numerosos candidatos políticos. Mantenía una estrecha amistad con los expresidentes brasileños, había aconsejado

personalmente a Hugo Chávez, Nicolás Maduro o al presidente angoleño José Eduardo dos Santos. También había participado en las campañas presidenciales de Medina en 2012 y 2016; se le

consideraba un hombre muy próximo al presidente y habituado a trabajar en el mismo palacio presidencial. Las principales líneas de investigación parecen apuntar a que João Santana era uno de

los intermediarios y conseguidores con los que contaba Odebrecht para acercarse a las estructuras de poder de los distintos países. Una de las sospechas fundamentales es que la empresa

Odebrecht financió, a través de un complejo entramado que pasaba por paraísos fiscales y empresas ficticias, las campañas electorales de algunos candidatos, tanto en Brasil como en otros

Estados de la zona, con el propósito de abrirse así la puerta a la adjudicación de grandes obras e infraestructuras públicas. Danilo Medina, los expresidentes Leonel Fernández (1996-2000) e

Hipólito Mejía (2000-2004) y algunos altos cargos de la Administración comenzaron a estar bajo la atenta mirada de la opinión pública dominicana. Mientras la Procuraduría General de la

República —es decir, la fiscalía— llegaba un acuerdo económico con la compañía en compensación por los reconocidos sobornos que había realizado, el pueblo dominicano comenzó a movilizarse en

un gesto sin precedentes en la democracia del país. La mañana del 22 de enero miles de personas abarrotaron la plaza de la Independencia en Santo Domingo, convocadas por la Marcha Verde,

una plataforma creada por varios foros ciudadanos, asociaciones e intelectuales del país que tenía entre sus máximas reclamaciones la identificación y condena de todos los funcionarios

sobornados por Odebrecht, la recuperación del dinero del soborno después de una auditoría independiente, la cancelación de los contratos públicos con la empresa, la creación de una Comisión

Especial contra la Impunidad bajo el amparo de Naciones Unidas y que la Cámara de Cuentas presentara un informe del patrimonio de presidentes, ministros y demás altos funcionarios. La

capacidad de concentración de la Marcha Verde desbordó todas las expectativas, tanto de los organizadores como del propio Gobierno, lo que acrecentó el ánimo de los participantes de llevar

sus acciones más allá de la manifestación. En los meses siguientes ha ido creciendo el respaldo social a este movimiento, que a su vez ha ido ampliando sus demandas, ya no únicamente

centradas en el caso Odebrecht. Cuando a mediados de marzo una llama recorrió el país, custodiada por ciudadanos de a pie vestidos de verde, el mensaje quedaba totalmente nítido: una parte

importante de la población quería que el sistema político y judicial dominicano se consolidara como una democracia consistente, en la que la corrupción y la mala praxis no volvieran a ser la

costumbre. Aunque la estrategia del Gobierno ha sido la de dejar pasar la polémica para que se desvanezca entre interminables e incongruentes procesos judiciales, las voces críticas en la

calle, redes sociales y medios de comunicación no han dejado de crecer. A pesar de trascurrir ya varios meses, la Llama Verde sigue teniendo un considerable apoyo social; su falta de una

estructura y organización definida le impiden plasmarse institucionalmente, pero sus objetivos son compartidos por tantos ciudadanos dominicanos que resulta imposible que un partido o líder

puede capitalizarlos por sí mismo. No es una cuestión meramente partidista o un ataque directo al presidente Medina; es un asunto que afecta directamente a los pilares del sistema

democrático del país, y quienes gobiernan no pueden desatenderlo. El pueblo dominicano ya ha evidenciado que está dispuesto a salir a la calle y prender la Llama Verde las veces que sean

necesarias para romper definitivamente con la tradición lampedusiana de aparentar que toda cambia para que todo siga igual. PARA AMPLIAR: _Más allá del “resort”. Descubriendo República

Dominicana_, Santiago Tejedor Calvo, 2008  EL FUTURO NO SE ESCRIBE EN EL SILENCIO El verde, color que simboliza esperanza, ha inundado las principales ciudades dominicanas y llegado a las

conciencias de sus ciudadanos. La Llama no es un acto circunstancial, surgido espontáneamente ante un problema concreto, sino que representa un movimiento social mucho más profundo y con

atisbos de no difuminarse en el tiempo. La sociedad de este país caribeño está sufriendo importantes transformaciones demográficas, culturales y políticas que anuncian que el siglo XXI en

República Dominicana será bien distinto a todo lo acontecido durante las décadas pasadas. Los dirigentes políticos ya no pueden actuar del mismo modo que antes, porque la mirada de sus

compatriotas es mucho más crítica y deja claro que el inmovilismo y la pasividad no serán nunca más sus señas de identidad. Las mareas verdes que recorren la parte oriental de la isla son

reflejo de una sociedad que crece en cultura democrática y en ética cívica. Los ciudadanos dominicanos ya no se conforman exclusivamente con unos Gobiernos que les aseguren unos servicios

mínimos; sus exigencias se elevan hacia requerimientos de mayor transparencia, participación y rendición de cuentas. Las pancartas de las manifestaciones señalaban tanto al actual presidente

como al sistema político y judicial, del que la mayoría desconfía o siente una alta desafección. La falta de una reacción contundente por parte de los responsables políticos y judiciales

ante el caso Odebrecht ha supuesto el punto definitivo para que el malestar social se canalice más allá de las instituciones tradicionales —partidos y sindicatos— para saltar a la calle en

una corriente transversal y heterogénea de la que participan ciudadanos de distinta clase y procedencia. La Llama Verde intenta alentar una nueva visión de entender la política tanto por

parte de los cargos electos como de los votantes. La opacidad y el clientelismo en que muchos casos ha funcionado la Administración Pública dominicana ha empezado a encontrar una fuerte

resistencia y contestación, que exige con determinación cambios en este modelo democrático dañado. La credibilidad de Danilo Medina, de toda la clase política y de la justicia dominicana

está pendiente de su respuesta ante este problema, que no solo trata de la diligencia de los recursos públicos, sino también de poner fin a la erosión constante de unos principios y valores

entendidos como fundamentales. El futuro se escribe con una nueva tinta que quiere recomponer la patria de las hermanas Mirabal. PARA AMPLIAR: _La fiesta del chivo_, Mario Vargas Llosa, 2006

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