¿cuál es el modelo territorial de españa y su reparto de competencias?

EL MODELO TERRITORIAL DE ESPAÑA DIVIDE SU TERRITORIO EN DIECISIETE COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DOS CIUDADES AUTÓNOMAS Y CINCUENTA PROVINCIAS. No es un modelo tan descentralizado como un Estado

federal, caso de Estados Unidos, ni cumple los requisitos de uno centralizado, como Francia. Es un híbrido llamado “Estado de las autonomías”. Su organización política y territorial se

organiza en cuatro niveles: el Gobierno central, las comunidades autónomas (CC. AA.), sus provincias y los municipios. UNIDAD DE LA NACIÓN Y AUTONOMÍA POLÍTICA El modelo territorial de

España es unitario y descentralizado porque combina el principio de unidad de la nación con el de autonomía política de las regiones. El nivel central de gobierno tiene un rango superior y

garantiza los mismos derechos y deberes a todos los españoles. Las CC. AA., provincias y municipios son entes políticos por sí mismos. Crean y ejecutan sus propias leyes —excepto los

municipios, que pueden redactar reglas— en parlamentos elegidos por sus ciudadanos. Las comunidades no pueden separarse del resto del Estado y deben cooperar para evitar desequilibrios

económicos, sociales y territoriales. Para ser más eficiente, el Gobierno central asigna ciertas competencias al resto de niveles. El Estado legisla en exclusiva sobre los ámbitos que

afectan a todos los españoles, como las relaciones internacionales, comerciales o la defensa. En ocasiones comparte la aplicación de las leyes básicas con las CC. AA., como en materia

laboral: las autonomías se encargan de que las empresas de su territorio respeten los derechos de los trabajadores. Otras veces las comunidades ejecutan y también desarrollan en profundidad

la legislación estatal para adaptarlas a sus características político-administrativas. En el modelo territorial de España, esto último sucede en materia de impuestos, sanidad y educación. En

el primer caso, el Estado regula el sistema de cuentas públicas, pero les asigna a las CC. AA. los impuestos de donaciones, sucesiones o la tasa autonómica del impuesto sobre la renta,

entre otros. Las comunidades tienen margen para fijar estos porcentajes dentro de los límites estatales. Sobre la educación, diseñan el temario escolar y fijan elementos como el número

máximo de alumnos por aula o las horas lectivas de los profesores. En sanidad, el Gobierno central solo impone unas leyes generales para todo el territorio, controla que los productos que

llegan al país estén en buen estado, y aprueba y financia los medicamentos. Además, las comunidades tienen competencia exclusiva sobre la agricultura y pesca de sus provincias, y sobre sus

industrias, servicios sociales y culturales. Las comunidades con lenguas oficiales además del castellano —Galicia, el País Vasco, Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas

Baleares— tienen derecho a enseñar y proteger su idioma dentro del territorio, y proporcionan las sedes e infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Todas estas normas de

organización autonómica vienen recogidas en sus respectivos estatutos, que sirven de constituciones regionales. El penúltimo nivel de gobierno es la provincia en la península, los cabildos

en el archipiélago de Canarias y los consejos en el balear. Estos representan a sus ciudadanos en la autonomía y coordinan, financian y refuerzan a los municipios que los integran. Se

encargan de ejecutar los servicios a un nivel más concreto: gestionan su patrimonio histórico, el turismo y los residuos urbanos, proveen alumbrado público, cuidan de los parques públicos y

del entorno y construyen colegios, ambulatorios y residencias de mayores. EL MODELO TERRITORIAL DE ESPAÑA, CON EXCEPCIONES Además, en el modelo territorial de España existen casos

especiales. Por un lado, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dos enclaves en el norte de Marruecos cuyos estatutos no los reconocen ni como comunidades autónomas ni como municipios.

Tienen competencias sobre materias propias de las CC. AA. y de los ayuntamientos: agricultura, pesca, medios de comunicación, educación o sanidad. Al País Vasco y Navarra, conocidos como

territorios forales, la Constitución les otorga un régimen de financiación distinto porque les reconoce derechos históricos especiales. Recaudan para sí los impuestos estatales, salvo el

IVA. Para cumplir con sus obligaciones de pago, cada año le transfieren al Estado un cupo fijo, que no necesariamente coincide con lo recaudado. Por el contrario, el resto de CC. AA. reciben

dinero en función de los ingresos disponibles y tienen menos tasas autonómicas para financiarse.