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Domingo, 21 de febrero 2021, 08:07 Comenta Compartir Cuando aún hay comunidades autónomas que no han abonado el bono social térmico correspondiente a 2019, ya tienen encima de la mesa la
lista de los 1.270.897 hogares que deben percibir esta ayuda en forma de pago único para sufragar los gastos del rigor invernal que vivieron en 2020. Un año en el que, además, muchas de
estas familias se vieron impactadas por las consecuencias de la crisis del coronavirus. Esos casi 1,3 millones de hogares es el número de contratos que tenían derecho a acogerse al bono
social eléctrico -el descuento del 25% en la factura de la luz- y que, de forma directa, deben percibir el térmico. Se trata de un cheque de pago único cuya cuantía varía desde los 25 hasta
los 124 euros por cada casa. Esa cuantía depende de las condiciones climáticas de cada localidad: si una familia reside en una zona de alta montaña le corresponderá un pago en el rango
superior (con el máximo de 123,90 euros) frente a los hogares situados en la costa o archipiélagos, que perciben importes menores, aunque nunca por debajo de los 25 euros. El problema es que
los retrasos administrativos van acumulándose a medida que transcurren los meses, sin que muchas de esas familias lleguen a percibir ese dinero, ideado en 2018 para que pudieran hacer
frente a gastos relativos al mantenimiento de sus casas en condiciones dignas de habitabilidad ante los rigores meteorológicos. 87 MILLONES DE EUROS ES LA CUANTÍA DESTINADA AL PAGO DE ESTA
AYUDA ENERGÉTICA DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Presupuesto A finales de 2019 el número de contratos con derecho al bono térmico se encontraba en unos 1,23
millones, prácticamente el mismo número que un año después. Al final de cada ejercicio, las compañías eléctricas de referencia -las que comercializan el precio regulado, PVPC- comunican al
Ministerio de Transición Ecológica el número de hogares acogidos al bono social. Ese departamento traslada la información a las comunidades autónomas, encargadas de gestionar el pago de esa
ayuda. Pero a finales del año pasado aún había gobiernos regionales que no habían tramitado el bono térmico correspondiente a 2019. Y ello a pesar de que la normativa exige que ese pago se
realice durante el primer trimestre de cada año. Pero las demoras se han impuesto tras un ejercicio como el de 2020 marcado por los confinamientos y la parálisis de buena parte de la
actividad económica. El departamento dirigido por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, puso en marcha esta novedosa modalidad del bono térmico hace ahora tres años, dentro del paquete de
medidas aprobadas por el Ejecutivo tras el repunte de los precios energéticos, que llevaron a máximos históricos tras el verano de 2018. En su primera edición fueron algo más de un millón
los hogares beneficiados, para pasar a más de 1,2 millones en 2019 y cerca de 1,3 millones en 2020. El presupuesto ha rondado los 80 millones de euros al año, aunque en esta última edición
ha superado ya los 87 millones de euros. Aunque es cada comunidad autónoma la que lo abona directamente. UN SUMINISTRO «MÍNIMO VITAL» Sin embargo, el bono térmico, como su 'primo
hermano', el bono social eléctrico, están llamados a desaparecer este mismo año, si se cumplen las previsiones de Transición Ecológica. Trabajan desde hace varios meses en una reforma
«integral» del sistema de ayudas para que las familias vulnerables afronten los gastos energéticos con un sistema nuevo que supere el actual, con algunas carencias como las que ha dejado ver
el bono social, que perdió tras el verano casi 200.000 perceptores cuando dejó de ser automático y tenía la obligación de ser renovado por sus titulares en un proceso administrativo que no
todas las familias conocían. Para ello, Transición Ecológica trabaja en una reforma para implementar un bono social energético «universal y automático» (sin esa necesidad de renovación por
parte del perceptor): un «Suministro Mínimo Vital» que garantice el principio de precaución (ante cualquier impago, la compañía debería ponerse en contacto con los servicios sociales para
conocer la situación del hogar afectado) y establecer un suministro temporal aunque haya un caso de impago. El objetivo es tenerlo preparado para ponerlo en marcha este año. LAS FACTURAS CON
EL DESCUENTO ELÉCTRICO VUELVEN A REPUNTAR El goteo de familias que han ido perdiendo el bono social eléctrico –el descuento de al menos un 25% en la parte de consumo de la factura– parece
haber llegado a su fin tras una vuelta del verano en la que hasta 133.000 hogares perdieron su derecho al bono social al no renovarlo por desconocimiento y desinformación. Esos hogares sin
el bono fue aumentando considerablemente desde que el pasado 30 de septiembre volviera a estar activa la obligación de solicitar la renovación de esta ayuda a medida que se cumplan los dos
años desde que se concedió en cada hogar. No todos los ciudadanos son conscientes de este procedimiento, habitualmente por desinformación. Más aún después de que quedara paralizado
temporalmente durante el primer estado de alarma y el verano. Estos cambios normativos provocaron una caída en el número de perceptores que descendió hasta los 1.207.500 beneficiarios a
finales de noviembre. Esa cifra contrastaba con la del 9 de agosto, cuando el sistema registró el máximo histórico de usuarios del bono social, con 1.339.233 titulares, según los datos de
Transición Ecológica. Fuentes de este departamento apuntaron que, tras un periodo inicial en octubre en el que numerosos contratos salieron de este sistema de protección, en las últimas
semanas de 2020 ya percibían un alza de hogares con el bono eléctrico. En la última semana con datos disponibles hasta ahora, la del 16 de noviembre, fueron 3.238 los beneficiarios netos
nuevos (salidas menos entradas) que registró el sistema. El año ha finalizado con algo más de 1.270.000 perceptores, que son los que a la vez dispondrán de la ayuda térmica. Comenta Reporta
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