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El senador popular por Palencia Jorge Martínez participó en los tres debates de la Conferencia de Presidentes de los Comités de Agricultura de los Parlamentos del Mediterráneo y Estados
Miembros de la UE, celebrada el fin de semana en la Cámara de Representantes de Nicosia (Chipre), en un acto al que también asistió el nuevo comisario de Agricultura de la UE, Christophe
Hansen. El primero de los debates versó sobre el impacto de la crisis climática, la escasez de agua y las tensiones geopolíticas en la agricultura. En él, Martínez reivindicó la necesidad de
poner en marcha medidas estructurales que permitan asegurar el agua para la producción de alimentos. Pidió invertir en infraestructuras frente al cambio climático, con la mirada puesta en
la sequía y en los episodios de lluvias torrenciales como el que se vivió en Valencia con la Dana. «La sequía no solo afecta al campo, también a la economía y a la sociedad en su conjunto»,
sostuvo. Así, hizo alusión directa a «infraestructuras que permitan almacenar más agua»: recrecimiento de embalses, construcción de otros nuevos, balsas, conexiones entre cuencas
hidrográficas, reutilización de aguas residuales tratadas para riego, desaladoras y modernización de regadíos «que permitan hacer un uso más eficiente del agua». También se refirió a la
«dependencia» de la UE de proveedores externos de energía, fertilizantes y piensos (que ha disparado los costes de producción), a los aranceles de EEUU y a la bajada de precios del cereal.
Sobre el futuro de la agricultura y la alimentación, hilo conductor del segundo de los debates, Martínez dijo que «pasa por la sostenibilidad» con «prácticas respetuosas con el clima y el
medio ambiente». No obstante, advirtió que «el verde del medio ambiente no se debe crear a costa del rojo en las cuentas de las explotaciones agrarias». En este punto, defendió que la PAC
debe ir en un solo paquete, separado de otros fondos, y reclamó un marco de financiación plurianual que incluya una dotación suficiente para «dotar de competitividad» al sector primario. «No
pueden ser competitivos con una menor financiación que en períodos anteriores, ni tampoco pueden serlo si tienen que cumplir con unas exigencias medioambientales y con una carga burocrática
que no tienen los países terceros», resumió, no sin antes censurar la limitación en el uso de fitosanitarios y la «desventaja» que esto genera. «Toda la normativa que se apruebe tiene que
tener un análisis de impacto en la producción de alimentos y no hacernos perder competitividad. Hay que primar las prácticas de biodiversidad y de sostenibilidad, y no castigar por no
hacerlas, dando suficiente tiempo a todos para que poco a poco las vayan incorporando a su proceso productivo de manera progresiva», apuntó. MEJORES PRÁCTICAS El tercer debate versó sobre la
presentación de iniciativas legislativas y mejores prácticas a nivel nacional para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Sobre este tema, Martínez puso en valor la
aprobación en el Senado de la Ley de Fiscalidad Agraria, con la que se pretende reducir la carga fiscal a los agricultores y ganaderos (700 millones de euros), lo que les permitirá invertir
más en modernización, en nuevos equipos y en más tecnología para hacer un uso más eficiente de los recursos y ser más competitivos. Destacó también las iniciativas llevadas a cabo en la
Cámara Alta para sacar al lobo del LESPRE «porque desde que el Gobierno llevó a cabo su inclusión, solo ha hecho que aumentar su censo y provocar un grave incremento en los daños producidos
a la cabaña ganadera», alertó. «Hemos defendido al campo de quienes lo acusan de ser un sector contaminante y hemos demostrado no solo que no contamina, sino que descontamina, porque
contribuye a la fijación de CO2? de la atmósfera y, por tanto, a la lucha contra el cambio climático», defendió. «Como el que contamina paga, el que descontamina tiene que cobrar, por eso
pedimos a los órganos de decisión de la UE que el sector agrícola reciba una ayuda directa por hectárea por el CO2 que fija», concluyó.