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Adif Alta Velocidad ha reaccionado con contundencia contra la sentencia que paralizó las obras del tramo Palencia–Palencia Norte de la línea de alta velocidad hacia Cantabria. En un recurso
de apelación de 90 páginas presentado ante la Audiencia Nacional, el organismo ferroviario niega haber incurrido en una vía de hecho, defiende la legalidad del proyecto y acusa a la
asociación demandante, Ecologistas en Acción Palencia, de actuar sin legitimación y con argumentos fuera de plazo. Además, resalta que «en tanto en cuanto la sentencia no es firme, se va a
continuar con los trabajos previstos en las obras del tramo de alta velocidad Palencia-Palencia Norte» y reitera que «la conexión de alta velocidad Palencia-Cantabria es un objetivo
irrenunciable y, por tanto, trabajará para que este proyecto pueda seguir su curso». La sentencia, dictada el 8 de mayo por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4,
estimó el recurso de Ecologistas y ordenó detener las obras, al considerar que se estaban ejecutando sin respetar los estudios informativos aprobados en 2010 y 2018, que preveían el
soterramiento de las vías en un tramo de casi tres kilómetros. Además, el fallo reprochó a Adif no haber comunicado al Ayuntamiento de Palencia el proyecto constructivo para su informe
previo, como establece la ley. legalidad. El recurso de Adif, firmado por la abogada del Estado, Sonia Sánchez Calatayud, comienza delimitando el objeto de la apelación y niega que la
actuación tenga carácter ilegal. En primer lugar, sostiene que la asociación recurrente no tiene legitimación para acudir a los tribunales. «Ecologistas en Acción no ha identificado en
ningún momento cuál es su interés legítimo supuestamente afectado por la resolución recurrida», expone el escrito. La empresa pública argumenta que la defensa del medio ambiente, como fin
general, no permite impugnar una infraestructura ferroviaria por supuestos incumplimientos técnicos. En este sentido, Adif reprocha que «la sentencia recurrida infringe el artículo 19.1 a)
LJCA», que exige un interés específico y concreto. A su juicio, la entidad ecologista ha actuado como mero defensor de la legalidad sin vínculo directo con la actuación porque «no basta un
mero interés por la legalidad, sino que es necesario que en la vía de hecho impugnada se apreciase la presencia de un interés legítimo colectivo representado en la protección de la
naturaleza o del medio ambiente, lo cual no acontece». extemporalidad y vía de hecho. El segundo argumento se centra en la supuesta extemporaneidad del recurso. Adif recuerda que las obras
comenzaron en marzo de 2023 y que el requerimiento de cese de vía de hecho se presentó ocho meses después, en noviembre. A su juicio, «el requerimiento formulado el 24 de noviembre de 2023
es claramente extemporáneo y, consecuentemente, también el recurso contencioso-administrativo formulado contra su desestimación», argumenta. Pero el eje principal del recurso o, al menos, en
el que más incide, es la negación de la vía de hecho. Adif insiste en que todas las actuaciones se realizaron con cobertura legal, y que el proyecto fue aprobado en mayo de 2022 tras
seguir los trámites previstos. «El concepto de vía de hecho se configura como una actuación material de la Administración, desprovista de la cobertura del acto legitimador», señala el
recurso, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este caso, subraya, «la ejecución material no excede del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo». Además, la
apelación insiste en que el proyecto constructivo es plenamente compatible con los estudios informativos de 2010 y 2018, aunque reconoce ligeras diferencias técnicas por razones de trazado.
Para justificarlo, aporta una serie de planos, informes y análisis comparativos. «El proyecto aprobado es compatible con la ejecución de la geometría de la losa de cubrimiento tal cual está
prevista en el Estudio Informativo de 2010», defiende Adif, que remarca que el ajuste se limita a una rampa descubierta de apenas 200 metros para una sola vía, lo que representa un 1,57% de
la superficie soterrada prevista. indefensión. La empresa también rechaza haber causado indefensión al Ayuntamiento, ya que en octubre de 2021 le remitió documentación suficiente para emitir
su informe. «Habiendo sido comunicado por Adif-AV todos estos planos (…), ni durante el plazo de un mes previsto en el artículo 7.3 LSF ni durante la posterior redacción del Proyecto
Constructivo, el Ayuntamiento de Palencia realizó alegación, comunicación o manifestación alguna», se recuerda en el recurso. Por último, Adif critica duramente la prueba pericial presentada
por la parte actora, elaborada por dos arquitectos. «No tienen ni la formación, ni la competencia ni los conocimientos para pronunciarse sobre aspectos relacionados con plataformas de vía
de ferrocarril», reprocha, defendiendo la solvencia de sus propios técnicos, ingenieros de Caminos con experiencia en infraestructuras ferroviarias. Después de todos estos argumentos, el
recurso concluye pidiendo a la Audiencia Nacional que revoque la sentencia y declare la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o, subsidiariamente, su desestimación. También
solicita la imposición de costas a Ecologistas en Acción, entidad que, en declaraciones a DP, estudiará esta semana el recurso de Adif y emitirá un comunicado al respecto.