El ayuntamiento de león porfía en multar ya sin ordenanza el día 20 en las nuevas calles peatonales

Ni se hizo el 1 de marzo, como se había anunciado en noviembre del pasado año, ni empezará a funcionar tampoco este próximo domingo, 1 de junio, como se demoró después ante el revuelo

generado con los vecinos y las dudas jurídicas. Las cámaras no multarán como pronto hasta el 20 de junio, si es que al final el equipo de gobierno de José Antonio Diez sigue adelante pese a

la falta de normativa que sustente las sanciones, en las nuevas calles peatonalizadas del centro de León: San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena y, en los próximos meses,

Fuero, una vez acaben las obras de reurbanización. La nueva fecha emplaza al 20 de junio para el estreno de las multas, sin atender a la resolución del Procurador del Común que, en

noviembre, advirtió al Ayuntamiento de León de que valorara «no imponer restricciones a la circulación de vehículos dentro de las zonas peatonales hasta que no sea aprobada la ordenanza

correspondiente, que proporcione la debida cobertura normativa». No la hay todavía. Sólo existe un bando de Alcaldía. La nueva ordenanza de movilidad, que aúna la antigua de tráfico con el

documento de la zona de bajas emisiones en la que se contiene la restricción de paso en estas calles, no se ha sometido siquiera a aprobación inicial tras paralizarse la tramitación en la

negociación entre los grupos políticos. ÁLVARO CABALLERO Como pronto, esta normativa que dé «cobertura» normativa a las multas, como recalca el dictamen del Procurador del Común, no entrará

en vigor hasta el otoño. Aunque las cámaras de vigilancia empezarán a funcionar ya este domingo, día 1, como han avisado desde la Policía a los afectados que, en las últimas semanas, han

acumulado torres con miles de solicitudes de autorización que todavía no se han gestionado en su totalidad. Este problema hace que todavía no se hayan incluido dentro de la base de datos

todas las matrículas que han cursado la petición para circular sin que después les llegue un boletín sancionador. No entran sólo los vecinos de las calles peatonalizadas, sino que, como se

asentó en el decreto inicial, en el caso de Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín se incluyen también como beneficiarios los afectados de Alférez Provisional; Alcázar de Toledo, entre San

Agustín y la plaza de la Inmaculada; Villabenavente, de Arquitecto Torbado a Burgo Nuevo, Fuero y Arco de Ánimas. A mayores, en Carreras y la carretera de Los Cubos, entran Pelayuelo y

Pontón. LAS RETRICCIONES AFECTAN A LAS CALLES SAN AGUSTÍN, ALFONSO V, GIL Y CARRASCO, RAMIRO VALBUENA, CARRERAS Y CARRETERA DE LOS CUBOS La cantidad de edificios provoca que la nómina

potencial de beneficiarios, entre los que se anotan vecinos, usuarios de cocheras y comerciantes, haya empantanado la tramitación. Los funcionarios no dan abasto, mientras que los

solicitantes se quejan de la cantidad de papeles necesarios para acreditar el uso de las cocheras, la residencia o la necesidad. Pero saben que, si no están dentro de este listado, las

cámaras de videovigilancia permiten que, al cotejar las imágenes con el listado de vehículos autorizados, cursen de manera automática la sanción de 90 euros por entrar en una zona

restringida. EL PROCURADOR DEL COMÚN ADVIRTIÓ AL GOBIERNO DE DIEZ QUE NECESITA UNA ORDENANZA QUE DÉ «COBERTURA NORMATIVA» Y NO SE HA APROBADO Hasta el día 20 de junio no se les sancionará

por entrar en las calles peatonalizadas, estén o no dentro del listado. Sí que pueden recibir multas, como han avisado desde la Policía Local, si los agentes detectan que los vehículos están

estacionados dentro de estas vías fuera de las zonas delimitadas, como sucede en el resto de viales de la capital leonesa. A partir de la fecha fijada ahora como margen de adaptación, si el

equipo de gobierno de Diez porfía en la imposición de las sanciones, antes de que se apruebe la ordenanza, se enfrenta a la cascada de recursos que pueden anular las multas. Más aún si el

Tribunal Superior de Justicia da la razón al PP, que defiende que se trata de una «clara ilegalidad» y ha pedido que se paralice la aplicación de forma cautelar, tras negárselo el juzgado

contencioso administrativo de León.