La magistratura ordenó medidas de prueba en la denuncia contra el juez alejo ramos padilla

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura comenzó a investigar la denuncia del gobierno de Mauricio Macri contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla,

en el marco de la causa en la que imputó al fiscal Carlos Stornelli por presunto espionaje y extorsión a través de un falso abogado influyente en los tribunales, el detenido Marcelo

D'Alessio. POR UNANIMIDAD, y a propuesta del consejero instructor del caso, el diputado oficialista Pablo Tonelli, la comisión presidida por el senador justicialista Miguel Pichetto

PIDIÓ UNA SERIE DE INFORMES AL PROPIO JUZGADO A CARGO DE RAMOS PADILLA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los consejeros pretenden de la Cámara Baja UNA COPIA

DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA de la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión en la que estuvo presente el magistrado investigado dos semanas atrás y en la que, SEGÚN EL GOBIERNO, EXCEDIÓ

SUS FUNCIONES al revelar detalles de una causa penal en trámite. Además reclamaron una copia de la cita en video, ya que fue filmada y grabada. La comisión del Consejo también pretende que

las autoridades de la Cámara de Diputados les remitan una copia del reglamento del funcionamiento del cuerpo legislativo para DETERMINAR LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE

EXPRESIÓN, presidida actualmente por el ex radical y ahora kirchnerista Leopoldo Moreau. Ramos Padilla volvió la semana pasada al Congreso para presentarse ante la comisión de Seguimiento y

Fiscalización de los organismos de Inteligencia, pero en este caso la reunión no fue pública sino reservada para los miembros del cuerpo dadas sus características. Pero además, y lo más

importante, los consejeros aprobaron solicitarle al propio Ramos Padilla QUE REMITA UNA COPIA CERTIFICADA DE LA CAUSA que instruye por la denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest

y en la que ordenó la detención, el procesamiento y la prisión preventiva de D'Alessio, presuntamente vinculado a servicios de inteligencia. Esta medida generó una discusión entre los

consejeros, por cuanto el pedido original de Tonelli implicaba todos los documentos reservados relacionados con la causa, incluidas las pruebas secuestradas en el allanamiento a la casa de

D'Alessio en un country del sudoeste del Gran Buenos Aires. Los dos consejeros-jueces que integran la comisión, Juan Manuel Culotta -juez federal de primera instancia en Tres de

Febrero- y Alberto Lugones -juez del tribunal superior al juzgado de su colega, la Cámara Federal de San Martín- alegaron que ello era un exceso y entonces la comisión acordó solicitar esos

elementos en caso de necesitarlos tras analizar el expediente principal del caso. La novedad es que la comisión también aprobó reclamar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi copia

certificada de una causa abierta por denuncia del abogado de D'Alessio por una PRESUNTA COACCIÓN Y MALTRATO POR PARTE DE RAMOS PADILLA EN CONTRA DEL FALSO ABOGADO durante la pericia

realizada a sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos por la supuesta reticencia del imputado a colaborar con el juez. ESTA DENUNCIA PODRÍA COMPLICAR A RAMOS PADILLA si es que en

el Consejo de la Magistratura no logran avanzar con probar el mal desempeño del juez a raíz de sus dichos en el Congreso, gran parte de ellos hechos públicos al difundir por el Centro de

Información de Judicial (CIJ) el auto de procesamiento de D'Alessio. Por último, los consejeros también pidieron informes al Ministerio de Justicia de la Nación para determinar si el

juez federal de Dolores solicitó la asistencia de algún organismo dependiente de esa cartera antes de acudir a la bonaerense Comisión Provincial por la Memoria para sistematizar el archivo

de las pruebas digitales y documentales recolectadas en la causa. Ramos Padilla, designado juez por el Senado a propuesta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue denunciado

por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, por presunto

mal desempeño en sus funciones que, SEGÚN EL GOBIERNO, MERECEN SU DESTITUCIÓN Y APARTAMIENTO DEL CARGO.