Covid-19: hogares de ancianos piden inmunidad legal

A medida que la cantidad de muertes por coronavirus en los centros de cuidados a largo plazo de Estados Unidos aumenta a casi 30,000, la industria de hogares de ancianos está procurando

enérgicamente obtener protección legal contra los residentes y sus seres queridos perjudicados. En muchos casos, la industria está obteniendo lo que quiere. Según un recuento de AARP, en por

lo menos 19 estados se han promulgado leyes o se han expedido decretos ejecutivos que explícitamente otorgan o parecen otorgar inmunidad legal a los hogares de ancianos y a sus empleados

durante la pandemia. Si bien las órdenes que disponen la inmunidad no protegen contra la negligencia grave ni la mala conducta intencional, en general se aplican a las acciones o inacciones

que supuestamente causaron perjuicios, lesiones o muertes durante la crisis. Los hogares de ancianos sostienen que dichas medidas son necesarias durante una crisis de salud pública sin

precedentes, y argumentan que muchos de los factores que podrían perjudicar a los residentes están fuera de su control. “Cada día los hogares de ancianos obtienen más información sobre la

transmisión del nuevo coronavirus, y la evolución y los síntomas de la enfermedad de COVID-19”, señaló en un comunicado Katie Smith Sloan, presidenta y directora ejecutiva de LeadingAge, que

representa a hogares de ancianos sin fines de lucro. “Las regulaciones del criterio de atención evolucionan y cambian con rapidez”, indicó. “El acceso de los proveedores al equipo de

protección personal y a las pruebas que necesitan es limitado, y con frecuencia es insuficiente”. Sin embargo, muchos organismos fiscalizadores de hogares de ancianos sostienen que las

órdenes protegen a la industria de asumir responsabilidad por sus actos durante la crisis. “Todos queremos proteger a los trabajadores de primera línea”, señala la abogada Debbie Gough,

quien ha demandado a hogares de ancianos en Nueva York y Nueva Jersey, “pero estos proyectos de ley de inmunidad van más allá de eso. También protegen a los delincuentes”. Ahora que los

hogares de ancianos están cerrados al público y prohíben la entrada de casi todos los visitantes conforme a las órdenes federales, la responsabilidad jurídica es más importante que nunca,

según los defensores. “No hay visitas, ni familias, ni defensores de cuidados a largo plazo, ni muchos inspectores”, indica Toby Edelman, un abogado del Center for Medicare Advocacy, al

referirse a los tipos de personas que en general pueden ingresar a los centros de atención a largo plazo. “Si a eso le agregamos el problema de la inmunidad, no es una buena combinación para

los residentes. Los pone en una situación muy vulnerable”. La industria de hogares de ancianos ahora está presionando para lograr una ambiciosa orden de inmunidad federal que proteja contra

demandas a todos los 15,600 hogares de ancianos de la nación, el 70% de los cuales tienen fines de lucro. La industria también está presionando a los estados que tienen altos índices de

mortalidad por COVID-19 en sus centros de cuidados a largo plazo, como California y Pensilvania, para que se sumen a la lucha por la inmunidad.