Los hispanohablantes e inmigrantes en general son blanco de estafas

El año pasado, C.G., un inmigrante hondureño de 49 años que vive en Maryland, buscó en línea y encontró un negocio con sede en Nueva Jersey que afirmaba que podría ayudarlo a obtener una

tarjeta verde (“Green Card”), el codiciado documento que le permitiría vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos   “La compañía me dijo que me iban a ayudar a arreglar mi

estatus en este país”, explicó a través de un intérprete C.G., quien aceptó una entrevista con la condición de que no se usara su nombre.   Dijo que en una videollamada en una aplicación de

mensajes, “te muestran la tarjeta verde y te dan esta promesa de que te darán tus documentos”. C.G. acordó enviarles $10,000 por transferencia bancaria, y la compañía le proporcionó un

número de caso para que pudiera darle seguimiento a su solicitud. La compañía pronto lo conectó con un hombre que decía ser un funcionario de inmigración, quien le dijo a C.G. que su

solicitud había sido aprobada. Pero resultó ser una trampa: Los $10,000 que pagó originalmente eran solo el cargo por la solicitud. Para obtener el documento, C.G. tendría que pagar a la

compañía otros $15,000. “Pensé que esto era muy raro”, dijo C.G. “Sonaba como una estafa”. Y así fue. Nunca recibió su tarjeta verde ni recuperó su dinero. COMUNIDADES VULNERABLES En todo

Estados Unidos, muchos otros miembros de comunidades étnicas son blanco de estafadores, quienes buscan explotar la falta de fluidez en el inglés o la falta de familiaridad de las posibles

víctimas con la manera en que operan las agencias gubernamentales y las empresas en este país. Algunos, como la compañía que tomó el dinero de C.G., prometen ofrecer atajos a través de la

burocracia de inmigración a cambio de cargos exorbitantes, mientras que otros tratan de atraer a los miembros de la comunidad a estafas relacionadas con la criptomoneda u otras estafas de

inversión.  Los delincuentes también se hacen pasar por funcionarios gubernamentales de otros países y amenazan con arrestar y deportar a los inmigrantes por delitos imaginarios a menos que

paguen. Es difícil saber cuántas personas de ciertos grupos étnicos están siendo víctimas de estafas. Muchos de esos delitos no se denuncian debido a las barreras del idioma o a la renuencia

de las víctimas a buscar ayuda de las autoridades o de los defensores de consumidores, explica Josh Planos, portavoz de la Oficina de Ética Comercial (BBB). “Cuando recibimos informes, por

lo general son de familiares que hablan más inglés y pueden servirles de intérpretes”, dice. Y las estafas en general son muy poco denunciadas, debido a los sentimientos de vergüenza de las

víctimas y la creencia de que las autoridades no podrán ayudarlas. Juan Manuel Pedroza, profesor adjunto de Sociología en la Universidad de California en Santa Cruz, publicó un estudio

reciente (en inglés) sobre más de 2,300 estafas relacionadas con la inmigración que se reportaron a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Descubrió que los no ciudadanos tenían más

probabilidades de denunciar estafas en áreas del país donde tenían una red de apoyo de abogados y grupos de defensa de derechos de inmigración, y donde se sentían bienvenidos por las

políticas gubernamentales.